Las leyes de la oferta y la demanda, en el sector de las telecomunicaciones, siguen una tendencia natural: cuantos más habitantes en menos espacio, mayor beneficio. Es más rentable desarrollar infraestructuras en las ciudades que en los pueblos, lo que provoca inevitablemente el retraso de las zonas rurales. El mercado no es ni bueno ni malo: lo han dibujado así.

por Ignacio Escolar

Cuando los países socios de la Unión Europea decidieron, a finales de la década de los 80, privatizar las empresas estatales de telefonía, se tuvo muy presente este problema. Si se dejaba en manos del mercado y sus normas un sector tan estratégico como las telecomunicaciones, se corría el serio riesgo de echar de la civilización a las personas que no tuviesen la suerte –o la desgracia– de vivir apiñadas. Por muy feroz que fuese la competencia, gran parte de los municipios se quedarían por debajo de ese punto en la cuenta de resultados donde deja de ser rentable tender cables.

Para evitar este escenario indeseable, la UE acordó controlar a sus antiguos monopolios y garantizar unos mínimos para todos los ciudadanos, un paquete básico de servicios que sería obligatorio sin importar lo lejos que estuviese la centralita más cercana: el servicio universal.

Este concepto no era nuevo. Se lo inventó hace casi un siglo Theodore Newton Vail, para evitar que su empresa fuese desmembrada por abusar de su posición dominante. Vail fue el primer presidente de la primera compañía telefónica del mundo, la AT&T, fundada sobre la patente del teléfono de Alexander Graham Bell. En aquella época se consideraba a la telefonía como un monopolio natural, como la electricidad o el suministro de agua: mercados donde sólo puede ser rentable una empresa porque la infraestructura necesaria hace inviable la competencia.

Gracias a la excusa del servicio universal, al compromiso a servir a todos por igual aunque algunos clientes no fuesen rentables, Theodore N. Vail evitó que la AT&T fuese troceada en aquel momento: acabó siendo la empresa más grande del mundo, aunque finalmente fue dividida en ocho compañías en 1983.

Las trampas del servicio universal


En tiempos de Vail, cuando los servicios de telefonía eran binarios –o tenías teléfono, o no lo tenías–, la obligación de dotar a todos los hogares de línea no admitía gamas de grises. Pero la situación cambió cuando el par de cables de cobre empezó a servir también para el tráfico de datos, para conectarse a Internet. El viejo compromiso se devaluaba, pues no todas las líneas telefónicas servían para acceder a la Red a una velocidad aceptable. Con las tecnologías de banda ancha –el ADSL o el cable– se repetía la misma situación que en teoría había resulto servicio universal: de nuevo el mercado creaba ciudadanos de primera y de segunda en función de lo rentable que fuesen las infraestructuras de telecomunicaciones.

Además, está el problema del coste. ¿Quién debe pagar el servicio universal? ¿Hasta dónde llegan los mínimos obligatorios? En España, la Ley General de Telecomunicaciones contempla el acceso “de forma funcional a Internet” y se establece como mecanismo de financiación la creación de un Fondo del Servicio Universal al que deberán contribuir todos los operadores en función a su cuota de mercado. Sin embargo, casi siete años después de que esta ley entrase en vigor, dicho fondo aún no se ha creado y es Telefónica, en solitario, quien costea esta factura que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT, el arbitro público del sector) calculó en 110 millones de euros durante el año 2002. Cuando sólo paga uno, las negociaciones sobre qué es un acceso funcional a Internet –cuál es el mínimo que debe cubrir el servicio universal– son menos flexibles de lo deseable.

Qué invierta otro


Por si el escenario actual no fuese ya lo bastante complicado, hay que añadir un factor más. Tras el fin de la burbuja financiera de Internet, los operadores privados se han vuelto mucho más conservadores a la hora de abrir zanjas y colocar antenas. Las compañías de cable –las supuestas redes alternativas– han paralizado sus inversiones en infraestructuras y se dedican, ahogadas en pérdidas y acosadas por sus inversores, a intentar rentabilizar lo poco que hay construido. El avance de la tecnología ADSL –que ahora incluye hasta televisión a la carta– ha acabado con sus principales ventajas competitivas frente al monopolio de la línea de cobre de Telefónica.

En las redes de datos inalámbricas, el panorama no mejora. De las tres licencias UMTS adjudicadas en España, sólo dos han comenzado –esta semana, con años de retraso– a dar servicio. Los operadores se escudan en el miedo que provocan las antenas en los ciudadanos para justificar el lento desarrollo de estas nuevas redes, que nacen casi muertas, superadas por otras tecnologías mucho más baratas. Además, el negocio de la transmisión de datos móviles no se ve claro: el único que funciona de momento es el SMS. Y para mandar mensajes de 170 bytes no hacen falta estas alforjas.

Redes públicas y competitivas


Mientras se decide quién paga el servicio universal, qué cubre y cuándo se implementa, mientras el sector privado espera a que vuelva la euforia tecnológica a la bolsa, la realidad es que España continúa sin recuperar el paso en la revolución más importante desde la máquina de vapor, desde la imprenta. Si la situación media es pavorosa –nuestro porcentaje de internautas, a la cola de la UE, es inferior al de Estonia–, cuando nos olvidamos del bosque para fijarnos en los árboles menos frondosos, dan ganas de dejar de rezar para que llueva y empezar a regar.

Muchos ayuntamientos ya han comenzado a hacerlo. Y el modelo no tiene por qué estar reñido con la ortodoxia económica, que dicta que la competencia suele ser mejor gestora que el Estado. Las telecomunicaciones, hoy más que nunca, son un sector estratégico que no se puede dejar completamente en manos del mercado y el parche del servicio universal ya no sirve. El futuro de regiones enteras depende de estas infraestructuras mucho más incluso que de las redes de tráfico de mercancías y personas, que de las carreteras.

Las redes WiFi municipales que tan poco gustan a la CMT se parecen más a las calles que a las autopistas, con la ventaja de que el desarrollo de redes públicas urbanas no cierra el mercado ante iniciativas privadas, pues la inversión necesaria en ambos casos es ínfima. Y, después de siglos de gestión pública, ¿quién quiere privatizar las calles?